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La Constitución de 1812 imponía a los españoles la obligación de ser “justos y benéficos”. La muy decimonónica ocurrencia tiene, vista hoy, un componente de belleza innegable, por mucho que su valor real no pase de lo meramente enunciativo. Nuestra Constitución actual contiene también algún que otro artículo únicamente declarativo, sin efectividad real, como el que habla del derecho de todos los españoles a una vivienda digna, o del derecho y deber de trabajar de todos los ciudadanos.
En otro ridículo brindis al sol se ha quedado la reciente modificación constitucional que impone un techo de gasto, una simple declaración con escaso crédito. Si lo que se pretendía era calmar a los llamados “mercados”, no se ha conseguido (a los datos me remito). Es lógico, no puede tener credibilidad alguna un país que reforma su Ley Fundamental cuando, unos días más tarde, uno de sus gobiernos regionales (el catalán) declara abiertamente su disposición a incumplir la Ley y a no acatar sentencias firmes de los Tribunales de Justicia. ¿Quién puede creer en el compromiso de una nación que tiene insumisos legales entre sus propios dirigentes?
El problema es que las declaraciones de intenciones son eso, declaraciones, y los hechos vienen desmintiéndolas desde hace demasiado tiempo. No hace falta escribir lo que se va a hacer, hay que hacerlo. No hay que poner un techo de gasto, sino gastar menos.
El gasto en España es ingente; si fuésemos capaces de adecuar muchas partidas desorbitadas y suprimir otras tantas innecesarias, nuestro llamado Estado del Bienestar dejaría en mantillas al sueco.
¿De dónde procede todo este gasto? ¿Cuál es el mecanismo que nos ha llevado a este agujero? A mi modo de ver la creación, imposición y blindaje de ciertas legitimidades. Unas legitimidades muy caras.
La Transición se fundamentó en la construcción de una España que pudiese acoger a todos; con esta intención se cedieron parcelas de poder, legitimadas por presuntos hechos nacionales, que se basaban en cesiones de autogobierno y autogestión a cambio de lealtad.
No voy a descubrir nada si digo que aquellos llamados a devolver lealtad en pago a la entrega de poder y presupuesto comenzaron a traicionar el pacto al día siguiente. Los nacionalismos catalán y vasco jamás se han bajado de su idea de desmembrar España, pero sí han exigido que se cumpla un mecanismo que sólo ha servido para aumentar y encastillar sus atribuciones, y de paso, su capacidad de gasto y endeudamiento. ¿Su legitimidad? La defensa de los derechos históricos de los pueblos catalán y vasco. Una legitimidad aceptada por todos cuya factura, sólo para mantenerse en pie, es tremendamente onerosa. A rueda de éstos han ido colocándose un total de 17 comunidades autónomas que hacen del agujero una sima. ¿Legitimidad? El derecho al autogobierno, la abolición del centralismo…
La cosa no acaba ahí. Al calor del consenso de 1975 se arrimaron un montón de instituciones que reclamaban fondos públicos abrigados por legitimidades que hundían sus raíces en atribuciones que la Dictadura les había denegado. Ejemplo palmario de esto son los sindicatos UGT y CCOO, cuya legitimidad recaudatoria (hasta ahora no practicada “de facto” en lo que llevamos de democracia) es la defensa de los derechos de los trabajadores. Da igual que estos sindicatos no hagan absolutamente nada por defender a los trabajadores y se hayan constituido en una agencia de generación de liberados sindicales que cobran sin trabajar. Como nadie discute ni su legitimidad, ni la exclusiva titularidad de la misma, el chorreo de dinero público (escandaloso y preocupantemente creciente) está plenamente justificado.
La lista de “legitimados” es tan extensa que daría para un libro, pero a fin de cuentas, España se ha convertido en un lugar en el que un montón de gente anda buscando cómo colocarse una etiqueta legitimadora que le faculte a meter su jarra (cuanto más grande mejor) en el aljibe común. Algunos vienen con modestas vasijas, otros no se cortan y traen camiones cisterna.
El caso es poder decir que se esquilma en nombre de la defensa de la cultura, de la propiedad intelectual, del deporte, de la necesidad de asesorar al poder público, de la correcta administración del patrimonio lingüístico o de la ineludible subvención a la liberación sexual de la mujer o del estudio de la lenteja persa…sólo hay que buscarse una legitimidad, conseguir que sea aceptada…y a ordeñar.
A final, el desposeído no es otro que el ciudadano de clase media que no ha podido buscarse más legitimidad que su trabajo, su esfuerzo y su nómina, convertido en pagano de todos aquellos que sí han sido capaces de colgarse el cartel de legitimados.
De nada vale formular retóricos techos de gasto aunque estén grabados en bronce, si quienes los ponen forman parte del sistema de carísimas legitimidades que nos arruinan. Y de nada valdrá tanta indignación si no va dirigida contra quienes se han legitimado para indignarnos día tras día...con nuestro dinero.
Pues, asi es. La llamada "clase politica" de este pais vive instalada en su particular estado del "bien estoy y mejor me quedaré". Gobierno estatal, autonómico, diputaciones, ayuntamientos,mas y mas funcionarios....Se acabó, la vaca ya no da para mas.
ResponderEliminarCuando se ingresa menos es de cajón que hay que recortar y lo más fácil es hacerlo de las grandes partidas del presupuesto que conforman el estado del bienestar; es más rápido ese ahorro que cambiar la estructura de las administraciones donde quedan todavía muchas duplicidades, esa es la realidad. sólo hay que hacer un análisis de las CCAA uniprovinciales para comprobar la mejora en la gestión.
ResponderEliminarA mi me parece peligroso extender la idea que los políticos resultan caros, puedo aceptar su ineptitud en estos momentos, eso sí; y que habría que limitar la potestad de creación de organismos públicos de utilidad pública más que dudosa cuyos gestores cobran del erario público. En realidad detrás de ese techo de gasto lo que se persigue es limitar acciones de ese tipo, me parece a mí que ese techo no se puede considerar algo retórico sino algo muy eficaz.
La lista de legitimados de la que habla es muy larga pero es curioso que usted sólo pone el acento en los dos grandes sindicatos que, a parte de su eficacia o ineficacia, son los que defienden los derechos de TODOS LOS TRABAJADORES, y olvida mencionar las subvenciones a la patronal y sus liberados que también los tiene. Por cierto la Sra. Cospedal ha recortado las subvenciones sindicales pero ha dejado intactas las de la patronal que no sé yo muy bien que derechos históricos tienen tampoco. No me parece coherente ese ataque a los sindicatos por parte de un trabajador perteneciente a un sector que en todo este tiempo no ha sido capaz de estructurar un convenio sectorial para garantizar los derechos de cualquier piloto y los relegan al Estatuto de los Trabajadores para defenderlos, como colectivo se diría que el salario mínimo interprofesional ya lo consideran suficiente pago por su función.
Por último puntualizar que tan legítimo es defender el derecho a la vida como la defensa de derechos históricos de autogobierno o la independencia. Usted estará o no de acuerdo pero aunque le pese España es un estado social y de derecho y usted puede defender lo que quiera. Ni la Constitución es inamovible ni las fronteras de los estados lo son tampoco.
Ya te digo. Ahora está de moda que un político o periodista repita a todas horas: "hemos vivido por encima de nuestras psibilidades". Para que vaya calando y acabes sintiéndote corresponsable de los desmanes nacionales de los responsables. ¿Y si no he especulado con la vivienda?¿Y si no he colaborado en nada de lo que me imputan?
ResponderEliminarLa verdad, toca votar y tengo un gran dilema: no sé qué elegir. Me atrae el discurso sereno y responsable, y la personalidad tranquila de Mariano. Pero no puedo olvidar su complicidad en la campaña de estrangulamiento laboral al colectivo de controladores. Con su abstención en los decretos y estado de alarma dijeron que no se oponían y que aceptaban la mayor. También me preocupa que en un futuro cercano cedan ante la patronal y acaben con los convenios de empresa y me quede sin convenio. Bueno, con lo que le interese a la empresa, claro.
No sé si votar con la cabeza, con la conciencia, con el corazón, tapándome la nariz, o echarlo a suertes. Vaya lío.
Esta orgía de gasto y permisividad en el despilfarro de toda especie, que han sobrepasado a las nulas capacidades aritméticas e intelectuales del ungido Zapatero, es fruto de una corriente ingenuista y crédula de las bondades de la hipertrofiada emocionalidad, que ha imbuido a generaciones que ya no fueron educadadas por los austeros padres de posguerra,y que en su irracionalidad de dar rienda suelta a cualquier apetencia de consumo imaginable, tanto en lo material como en lo mental, ha resultado ser como una adicción hereditaria, que generación tras generación ha ido reclamando mas niveles en sangre.
ResponderEliminarLa consabida frase, "quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve", ha dejado entrar, por tanto, en el ámbito de las aspiraciones personales, no solo mas grados de satisfacción, sino también mayores niveles de estupidez y sinrazón que son imposibles de identificar, como el daño de la droga se le oculta al adicto, los primeros años de comsumo, y si además cualquier clase de autocontrol, que libre y lícitamente uno pueda ejercer sobre la propia conducta, es tachada de autoritaria y facha, por mor de una falseada y retorcida memoria de nuestro pasado franquista, tenemos ya los condicionantes para acabar todos en desbandada, como la piara de Gerasa.